La modernidad se reconoce, con el dolor del mundo conservador, como el periodo en que se distinguen y separan Ética y Política. Se atribuye esta separación de esferas de lo práctico a Maquiavelo y su obra El Príncipe, desde entonces este político y pensador se considera como el iniciador de la modernidad pues hasta antes de él, la teoría política seguía las enseñanzas de los antiguos griegos y romanos, donde la idea de perfección o excelencia moral es inseparable, digamos en términos declarativos, de la acción política.
Pero el negocio de la política consiste en apoyarse y hacer cumplir la ley, digamos la ley positiva, mientras que la ética es un estudio acerca de lo que debe ser hecho, lo que es correcto en el agente que realiza la acción. La política comprende la totalidad de las relaciones sociales, es una regulación de la conducta exterior del conjunto de individuos que forman la sociedad política, en cambio la ética busca determinar, de manera racional, en base a principios éticos, qué es lo que debe hacerse y si tales principios son capaces de justificar la acción que se realiza.
Pudiera pensarse que la política es una rama de la ética pues las acciones del gobierno son acciones de individuos o grupos y por tanto deberían estar sujetas a principios éticos que las justifiquen, pero luego se ve que esto no es lo decisivo. El piloto de un avión de pasajeros sin duda tiene un deber para con los pasajeros y su tripulación, pero a nadie se le ocurriría pensar que las acciones que realiza son parte de la teoría ética.
En general, la mayoría de nosotros consideramos la ley como un deber moral individual, contamos con que es parte de nuestro deber cumplir la ley, pero aunque en cierto modo se da esta identidad, lo cierto es que si cambia la ley deberá cambiar también nuestro deber moral. Así ocurre, por ejemplo, con el deber moral de los esposos cuando una sociedad política promulga una ley de divorcio. En ese caso, es obvio que del cambio de la ley positiva se sigue un cambio en el deber moral.
De allí que sea importante, entonces, hacer una distinción entre la Ley actual o Ley Positiva y la Ley Ideal o la ley como debería ser. Para la ley Ideal la Teoría Política establece ciertos principios, pero es la ley positiva, no la ideal, la que primero determinará la conducta correcta para un individuo en el presente.
Esta divergencia entre la Ley Positiva y la Ley Ideal es de suma importancia y también es grande, porque si por teoría política un sector de gobierno considera deseable un cambio fundamental en la ley de seguridad social, específicamente en materia de solidaridad intra e intergeneracional y la propiedad de los fondos, esta convicción probablemente influenciará su visión del deber moral bajo la ley existente, aunque la extensión de su influencia sea vaga e incierta.
Se puede afirmar así, en términos generales, que la extensión en la cual los ideales políticos deben influir en el deber moral podría depender parcialmente de la lejanía o cercanía de la perspectiva de realizar el ideal, y parcialmente de su imperativo. Es claro que el apego a ambas consideraciones variará con el método adoptado, y por eso, la decisión pertenece a la política más que a la ética.
Ahora bien, hasta dónde la determinación de la conducta del individuo en el presente debe ser influenciada por la ley positiva y otros mandatos de gobierno es una cuestión que pertenece a la ética, y será su primera tarea hasta donde deba lidiar con el lado política de la vida. Es decir, cuando los ideales políticos (teoría política) tienen alguna influencia en la determinación del deber político bajo las condiciones existentes, entonces surge la cuestión de hasta dónde la conducta correcta debe ser influenciada por la teoría política.
De aquí se desprende que el silencio persistente de los moralistas locales no deja de sorprender, pues la discusión de la Reforma de Pensiones exige adoptar algún principio ético de acción que justifique la decisión adoptada, y como tales, la decisión de las autoridades ha de inclinarse entre dos fines que son prima facie, la perfección o la felicidad. Pero puesto que el principal escollo que tienen las negociaciones políticas, que no el silencio de los moralistas (si es que aún quedan algunos con autoridad), dice relación con el manejo y destino de las cuentas individuales, la discusión parece haberse radica sin ninguna crítica metódica, en el campo de la felicidad. Es decir, no se discute sobre la conveniencia o no de adoptar ciertas reglas prescritas sin referencia algunas consecuencias posteriores, sino lisa y llanamente, si la felicidad (como fin elegido que la Ley Positiva busca consagrar se consigue por la vía del método del egoísmo hedonista o el principio de utilidad o utilitarismo.
Es cierto que si de pura racionalidad se trata, tanto el egoísmo hedonista como el utilitarismo cumplen los requisitos de aquella, pero queda la cuestión de qué tan favorable a la construcción de una sociedad política es el egoísmo hedonista como criterio último de selección de sistema de pensiones.
@Mons_Clement – Ing. HSE, Ms Susdev Mgmt, Ms Filosofía Aplicada. Chile, 2023.