La modernidad se reconoce, con el dolor del mundo conservador, como el periodo en que se distinguen y separan Ética y Política. Se atribuye esta separación de esferas de lo práctico a Maquiavelo y su obra El Príncipe, desde entonces este político y pensador se considera como el iniciador de la modernidad pues hasta antes de él, la teoría política seguía las enseñanzas de los antiguos griegos y romanos, donde la idea de perfección oexcelencia moral es inseparable, digamos en términos declarativos, de la acción política.
Pero el negocio de la política consiste en apoyarse y hacer cumplir la ley, digamos la ley positiva, mientras que la ética es un estudio acerca de lo que debe ser hecho, lo que es correcto en el agente que realiza la acción. La política comprende la totalidad de las relaciones sociales, es una regulación de la conducta exterior del conjunto de individuos que forman la sociedad política, en cambio la ética busca determinar, de manera racional, en base a principios éticos, qué es lo que debe hacerse y si tales principios son capaces de justificar la acción que se realiza.
Pudiera pensarse que la política es una rama de la ética pues las acciones del gobierno son acciones de individuos o grupos y por tanto deberían estar sujetas a principios éticos que las justifiquen, pero luego se ve que esto no es lo decisivo. El piloto de un avión de pasajeros sin duda tiene un deber para con los pasajeros y su tripulación, pero a nadie se le ocurriría pensar que las acciones que realiza son parte de la teoría ética.
En general, la mayoría de nosotros consideramos la ley como un deber moral individual, contamos con que es parte de nuestro deber cumplir la ley, pero aunque en cierto modo se da esta identidad, lo cierto es que si cambia la ley deberá cambiar también nuestro deber moral. Así ocurre, por ejemplo, con el deber moral de los esposos cuando una sociedad política promulga una ley de divorcio. En ese caso, es obvio que del cambio de la ley positiva se sigue un cambio en el deber moral.
De allí que sea importante, entonces, hacer una distinción entre la Ley actual o Ley Positiva y la Ley Ideal o la ley como debería ser. Para la ley Ideal la Teoría Política establece ciertos principios, pero es la ley positiva, no la ideal, la que primero determinará la conducta correcta para un individuo en el presente.
Esta divergencia entre la Ley Positiva y la Ley Ideal es de suma importancia y también es grande, porque si por teoría política un sector de gobierno considera deseable un cambio fundamental en la ley de seguridad social, específicamente en materia de solidaridad intra e intergeneracional y la propiedad de los fondos, esta convicción probablemente influenciará su visión del deber moral bajo la ley existente, aunque la extensión de su influencia sea vaga e incierta.
Se puede afirmar así, en términos generales, que la extensión en la cual los ideales políticos deben influir en el deber moral podría depender parcialmente de la lejanía o cercanía de la perspectiva de realizar el ideal, y parcialmente de su imperativo. Es claro que el apego a ambas consideraciones variará con el método adoptado, y por eso, la decisión pertenece a la política más que a la ética.
Ahora bien, hasta dónde la determinación de la conducta del individuo en el presente debe ser influenciada por la ley positiva y otros mandatos de gobierno es una cuestión que pertenece a la ética, y será su primera tarea hasta donde deba lidiar con el lado política de la vida. Es decir, cuando los ideales políticos (teoría política) tienen alguna influencia en la determinación del deber político bajo las condiciones existentes, entonces surge la cuestión de hasta dónde la conducta correcta debe ser influenciada por la teoría política.
De aquí se desprende que el silencio persistente de los moralistas locales no deja de sorprender, pues la discusión de la Reforma de Pensiones exige adoptar algún principio ético de acción que justifique la decisión adoptada, y como tales, la decisión de las autoridades ha de inclinarse entre dos fines que son prima facie, la perfección o la felicidad. Pero puesto que el principal escollo que tienen las negociaciones políticas, que no el silencio de los moralistas (si es que aún quedan algunos con autoridad), dice relación con el manejo y destino de las cuentas individuales, la discusión parece haberse radica sin ninguna crítica metódica, en el campo de la felicidad. Es decir, no se discute sobre la conveniencia o no de adoptar ciertas reglas prescritas sin referencia algunas consecuencias posteriores, sino lisa y llanamente, si la felicidad (como fin elegido que la Ley Positiva busca consagrar se consigue por la vía del método del egoísmo hedonista o el principio de utilidad o utilitarismo.
Es cierto que si de pura racionalidad se trata, tanto el egoísmo hedonista como el utilitarismo cumplen los requisitos de aquella, pero queda la cuestión de qué tan favorable a la construcción de una sociedad política es el egoísmo hedonista como criterio último de selección de sistema de pensiones.
@Mons_Clement – Ing. HSE, Ms Susdev Mgmt, Ms Filosofía Aplicada. Chile, 2023.
Según los datos de la Encuesta Casen 2017, dimensión de redes y cohesión social, el indicador de (III.5.1) de apoyo y participación social se refiere a la situación en que una persona u hogar “padece de privaciones en sus relaciones sociales o carencias en la conectividad social”. Agrega que uno de cada 20 hogares en Chile no dispone de redes de apoyo ni participación en grupos organizados. Tomadas en conjunto, entre 2015-2017, el porcentaje de hogares se movió de 5,3% a 6,1% respectivamente. Ahora bien, si sólo nos fijamos en el porcentaje de hogares carentes en redes de apoyo 2015-2017, las cifras se elevan de un 9,1% (2015) a 11,4% (2017). Básicamente se trata de hogares que no tienen a quien acudir por ayuda para resolver problemas del hogar.
Pero donde verdaderamente la cifra se dispara es en participación social . La encuesta define la carencia este componente o elemento como aquellos hogares donde ningún miembro de 14 años o más han participado en el último año (12 meses), en alguna organización social o grupo organizado: (i) juntas de vecino u organización territorial; (ii) club deportivo o recreativo; (iii) organización religiosa o de iglesia; (iv) agrupación artística o cultural o de identidad cultural; (v) agrupaciones juveniles o estudiantiles; (vi) agrupación de mujeres; (vii) agrupaciones de adultos mayores; (viii) voluntariado; (ix) otra. Además, ningún miembro de 18 años o más que se encuentre ocupado pertenece a alguna organización relacionada con su trabajo, entre las siguientes: (i) sindicato (de empresa, inter-empresa, o de trabajadores independientes; (ii) asociación de funcionarios; (iii) asociación gremial sectorial; (iv) colegio profesional (InformeMDSF_Gobcl_Pobreza).
En este elemento, el porcentaje de hogares carentes en participación social 2015-2017, varió de 50% a 49,7% respectivamente. Es decir, en uno de cada dos hogares ninguno persona del grupo familiar participa de una organización social. Un estudio del Centro de Políticas Públicas de la UC “Mapa de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 2015” revela que, comparativamente hablando, Chile presenta una mayor asociatividad (13,0%) en relación a países como Australia (6,7) y Estados Unidos (4,8) aunque dichos datos no implican capacidad de movilización, influencia o cooperación entre las organizaciones en Chile. Los autores Grootaert y Van Bastelaer profundizan sobre la diferencia entre estructuras formales o institucionales y componente cognitivo, referido a actitudes, valores compartidos, reciprocidad y confianza.
Según el mismo estudio, en Chile se registran 37.433 sindicatos versus 6.934 asociaciones gremiales, lo que equivale a suponer que por cada 5,39 trabajadores sindicalizados existe una asociación gremial ¿cómo se compara esta relación con países como Australia o Estados Unidos? ¿Cómo es la relación con países como Nueva Zelanda y Singapur que son nuestros socios del Asia Pacífico? Es algo que el estudio de la UC no contempla.
“Y quienquiera que, por las razones que sean, se aísla y no participa en ese estar unidos, sufre la pérdida de poder y queda impotente, por muy grande que sea su fuerza y muy válidas sus razones” Así reflexionaba H. Arendt sobre “el poder y su espacio de aparición” en La Condición Humana (1958), y parece apuntar con precisión a una antigua deuda del cuerpo político con el mundo del trabajo, con el mundo sindical chileno.
En el libro de C. Tromben e I. Schiappacasse Todo Legal (2022), los autores refieren una reunión solicitada por el entonces, recién asumido, ministro del Trabajo José Piñera un 27 de diciembre de 1978, al embajador de los Estados Unidos, George Walter Landau. La reunión fue concedida según la investigación para el día subsiguiente. “Hablaron de las amenazas de boicot de la organización sindical más poderosa del país del norte, la central AFL-CIO, debido a las políticas antisindicales de la dictadura chilena. Piñera señaló que su nombramiento tenía por objeto dictar una nueva normativa laboral y regularizar la existencia de sindicatos”. (pag. 84)
Cuando en noviembre de 1992, yo debutaba con mi primer empleo formal como técnico universitario, la jefe de recursos humanos de aquella importante cooperativa del sur me ofreció “los mismos beneficios del sindicato de empleados” de la cooperativa, para que yo no tuviera que unirme al sindicato. Como yo había crecido sin ninguna conciencia de sindicatos ni política acepté la oferta y gocé todos los beneficios que el sindicato de empleados había negociado con la administración de la cooperativa, sin mover un dedo ni pagar ninguna cuota de incorporación o aporte mensual.
Para Montesquieu, aunque la tiranía impide el desarrollo del poder –en este caso de aquellos que permanecen aislados- esto no significaba necesariamente debilidad y esterilidad “las artes y oficios pueden florecer bajo estas condiciones si el gobernante es lo bastante “benevolente” para dejar sus súbditos solos en su aislamiento”. Y así ocurrió en Chile con sectores productivos y financiero surgidos a partir de la privatización de la seguridad social y de un conjunto de reformas económicas y laborales.
Por que si bien los antiguos distinguían el ágora como es espacio público donde se discutía sobre la res publica, también conocían el mercado de cambio. Allí se reunían productores y comerciantes, cuyo impulso es la apetencia de productos, no de personas, y la fuerza que mantiene unido este mercado es el “poder de cambio” que cada uno obtuvo en aislamiento.
Este año 2023, que se cumplen 50 años del golpe militar y que se discute una nueva Constitución democrática para Chile, parece tiempo de devolver la capacidad asociativa a la fuerza de trabajo, esa que existe en las democracias sanas, en los mercados democráticos.
La incorporación de la mujer al mercado del trabajo ha roto la última barrera que sostenía la estantería conservadora de la sociedad chilena, porque la independencia económica acarrea consigo derechos políticos efectivos, no meramente nominales. El orden liberal se termina imponiendo sobre la tradicional dependencia de la mujer respecto del hombre proveedor, y esto ha puesto en crisis no solo la familia y el matrimonio, sino también el acompañamiento y la educación de los hijos.
Con el fin de los hijos naturales y la promulgación de la ley de divorcio; el derecho de los hijos a ser mantenidos por los padres, unidos o separados, se avanza en la regulación de relaciones entre personas que hasta no hace mucho eran indiferenciadas; constituían un ámbito de lo privado, obligaciones consanguíneas sujetas a la discrecionalidad de lo íntimo, aunque la mayor parte del tiempo esto diera lugar a ciudadanos de primera y segunda clase.
Vino a completarse así aquella parte del orden liberal que el neoliberalismo económico chileno no se atrevió a tocar, pues en Chile sus impulsores pertenecían al mundo liberal-conservador católico, o mejor dicho, sin su venia, su implementación no hubiera tenido éxito, y por tanto, poco y nada de innovación tuvo todo lo referente a los derechos del niño, la mujer y las obligaciones del padre.
En esto no hay marcha atrás, aunque esta tendencia individualista encontrará siempre una resistencia tradicional, cuyo sustento doctrinario procede de la teología católica, de la institución de la iglesia, y de un pueblo esencialmente mestizo que aún conserva en sus tradiciones indígenas lazos de solidaridad y pertenencia que han resurgido de la mano de los movimientos identitarios, aunque por otro lado éstos refuercen la idea de que el Estado (unificador) no es más que un conjunto de pueblos-naciones unidos por la fuerza, y en donde no se le debe lealtad alguna sino al contrario, éste es un victimario que se haya en la obligación de reparar esa unidad propia anterior al Estado, pero que ya no une con los demás cuerpos o miembros de esta. Solidaridad sí, pero entre los miembros del pueblo-nación, no entre los ciudadanos del Estado-Nación moderno.
Lo que queda entonces, es un triunfo a medias. Por una parte, la ingeniería (comercial) social obrada para acabar con el marxismo de la UP y el orden económico que le sustentaba tuvo éxito. Grosso modo los datos lo muestran en cuanto a crecimiento del PIB y la reducción de la pobreza; también la concentración de la riqueza y el poder económico. Pero la introducción de la mujer al mercado del trabajo tuvo un efecto disolvente de la estructura familiar tradicional, con lo cual esta célula o núcleo base del Estado chileno se rompe y de alguna forma da paso a una individualización que los antiguos lazos comunales que generaban sentimientos de lealtad y solidaridad entre sus miembros reprimían.
Se consolida tardíamente ese movimiento de individualización que fue propio del nacimiento del Estado moderno europeo y la legislación posterior no ha hecho sino confirmarla. En este sentido, el rechazo a la Constitución propuesta por la Convención Constituyente del 4 de septiembre de 2022, no puede ser visto con ingenuidad; desentenderse de esta tendencia individualista que ya es irreversible sería un error de apreciación política.
Se da, sin embargo, otra tendencia contradictoria en el cuerpo social que como se dijo tiene su fundamento en la tradición, en la iglesia y hasta en una solidaridad precolombina. O sea que si bien el marxismo fue derrotado, dada la solidaridad que se ha observado en los pueblos cazadores-recolectores (pueblos indígenas) y la experiencia de las misiones jesuitas que se repartieron por toda América Latina, pervive entre nosotros una inclinación natural por lo “común”, una suerte de socialismo anterior a Marx cuyas raíces son tribales y sanguíneas por una parte e ideológicas en la doctrina social de la iglesia por la otra.
La paradoja es que la individualización de la sociedad chilena fue obra de sectores conservadores-liberales que, tratando de re-impulsar la economía, provocaron un cambio en las creencias y la valoración de las personas que hasta entonces no había conseguido calar en la sociedad chilena, y este impulso fue tomado por sectores del socialismo democrático para consolidar, si no ya una igualdad material, sí la igualdad individual, legal, propia de los países de la Europa moderna. Nuevas formas de familias se han producido, nuevas responsabilidades afloran para los hombres, nuevos cuidados para con los niños y jóvenes se necesitarán ¿estará la clase política entendiendo este cambio?
@Mons_Clement, Ingeniero HSE, M. Gestión Sustentabilidad, M. Filosofía Aplicada, Chile 2023.
Cuando se cerró el plebiscito de 1988, una mayoría se inclinó por dejar atrás el gobierno militar y avanzar hacia un gobierno civil, democrático, que no solo se tradujera en mejores oportunidades económicas para todos, sino también de recuperar la libertad antes perdida. Este proceso estuvo plagado de dudas y temores, pero también de confianza y esperanza. La memoria viva daba argumentos a los primeros; la imaginación que nunca se rinde a los últimos.
El gobierno saliente dejaba, en sus términos, un país ordenado y unas bases institucionales que prometían desarrollo aprovechando las capacidades de la sociedad civil, esto es, de aquellas asociaciones voluntarias que se dan en la sociedad fuera del Estado, y de una apertura al mundo que contrastaba con el proteccionismo histórico. El orden recuperado había dejado no pocas heridas, y al temor que apaciguó los primeros años de control le siguió el valor que agitó las protestas de los años siguientes.
La transición de un gobierno militar a otro democrático fue vista por el mundo como ejemplar; la política nuevamente se erigía por sobre el poder. Fue un triunfo de la oposición democrática, pero también una salida soñada para un gobierno militar con muchos esqueletos en el closet; una economía en dificultades; crecientes protestas sociales y presiones desde Washington para adoptar un régimen democrático.
Se dejaba como institucionalidad una Constitución política que recogió básicamente dos tendencias que, juntas, facilitaron la transición democrática: la primera de ellas se refería al Estado mínimo. La experiencia estatista, la nacionalización del cobre y la fuerte penetración ideológica en los sindicatos de las empresas públicas (y privadas) llevó al convencimiento de las autoridades militares (funcionarios públicos) que el Estado mínimo cumplía dos funciones simultáneamente: desarticulaba aquellas asociaciones de funcionarios públicos que habían devenido, le parecían, en agitadores políticos. Pero adicionalmente, se permitía el ingreso de agentes privados cuyo leitmotiv era el lucro económico, que prometían impulsar el crecimiento del país, que era algo que el gobierno militar necesitaba para validar su golpe de estado.
De esta manera, la Constitución y el gobierno son dos piezas que ni deben considerarse por separado ni pueden entenderse aisladamente.
Hoy las tendencias parecen ser opuestas. Más que nunca antes la percepción de libertad parece haber perdido todo límite, la inseguridad se ha tomado la opinión pública y esto allana el camino para el surgimiento de tendencias autocráticas que ya se observan en el país. Por otro lado, si antaño la experiencia de un Estado totalizante inclinó la balanza por un Estado mínimo, el crecimiento económico primero, y más tarde el estancamiento, ha puesto en evidencia la fragilidad en que vive una parte mayoritaria de la población, agudizada por oleadas migratorias que han aumentado la presión sobre los servicios que es capaz de proveer el Estado subsidiario; un Estado que crece, que se ve rígido y que es descabezado con cada nuevo gobierno.
Cómo pensemos el gobierno y desde dónde lo pensemos puede darnos importantes lineamientos y criterios para que tanto el proceso constitucional como la Constitución misma sirvan al interés general de los chilenos. Que comience la discusión.
@Monsieur_Clement – Ingeniero HSE, M. Filosofía Aplicada, M. Gestión Sustentabilidad, Chile 2022.
Fuente: publicación de Política Exterior «Alfombra Roja
Todo proceso de transformación es siempre un camino sinuoso, no exento de peligros ni del cual se pueda transitar sin correr riesgos, pero es al mismo tiempo una oportunidad, una salida país y, eventualmente, una salida regional del estancamiento económico que ya dura décadas. En lo que viene, carezco de expertise suficiente como para entrar en demasiados detalles, por lo que mi pretensión no es presentar aquí ni una Reforma Tributaria (RT ni un programa de gobierno, sino una estrategia que permita orientar la anunciada RT del actual gobierno. Con todo, lo que sigue no es más que un «borrador» sujeto a todo tipo de correcciones técnicas que sin embargo apunta en una dirección clara, y este quizá sea el único mérito que tengan las siguientes líneas.
Chile ha emprendido un camino de importantes reformas, de transformaciones más bien, que apuntan a un nuevo pacto social y ecológico. Para lograr los objetivos declarados el país necesitará, en caso de aprobarse o no la Nueva Constitución (NC), una Reforma Tributaria (que ya ha sido anunciada por el gobierno) que le permita al Estado asumir nuevas cargas o tareas sociales. Lo que tienen de «revolucionario» los siguientes lineamientos es que precisamente van en contra de la ortodoxia de economía política seguida por la mayor parte de nuestra región con tan pobres resultados hasta ahora.
Se siguen entonces los siguientes lineamientos orientadores heterodoxos para una RT:
Primero, el gobierno presentará una reforma tributaria que consiste básicamente en subir los impuestos para financiar el gasto social y la inversión en nuevas empresas públicas. Este principio o justificación de la RT puede considerarse ortodoxo porque sigue una tradición de larga data en nuestro subcontinente que puede rastrearse incluso hasta las políticas de sustituciones de la CEPAL con resultados poco exitosos. Los datos están allí para quien quiera profundizar en ello. El principal obstáculo que debe sortear, y que a mi juicio la ortodoxia no salva, es que la inversión que necesita para crear nuevas capacidades humanas, sociales y productivas no tiene incentivos para elegir nuestro país para instalarse: carga tributaria, incertidumbre política, mano de obra poco calificada y limitaciones idiomáticas (ni inglés ni chino parlante).
Segundo, el lineamiento que se sugiere, entonces, es hacer precisamente lo contrario (de ahí lo heterodoxo). Rebajar la carga tributaria a los nuevos entrantes en áreas específicas de interés nacional, digamos a la mitad, 10% por un lapsus de tiempo de veinte años, algo que comprometa a los próximos cuatro gobiernos por delante, con un aumento gradual de la tasa impositiva que al término del ciclo permita igualar la carga tributaria con el resto de los sectores económicos. Todo a condición de: invertir en áreas de interés (producción tecnológica, de conocimiento, energías limpias, etc.), estándares ambientales y laborales OCDE-OIT y condiciones salariales corregidas por paridad de poder adquisitivo/compra. Esta medida ofrece un incentivo indispensable a los capitales globales que buscan buenas ganancias en condiciones de riesgo controlado ¿qué pierde el gobierno o de dónde vendrán sus detractores? Pierde recaudación fiscal para redistribuir a través de programas estatales, o lo que es lo mismo en términos políticos, cede poder.
Esto nos lleva al tercer punto. Los gobiernos deben renunciar a la tentación de ser ellos los que hacen la redistribución que, no obstante, no ofrece estímulos a la inversión estratégica y conformarse con que la propia industria, el capitalismo bien regulado como ha dicho Jeannette von Wolfdersdorff, mejore gradualmente ingresos, estándares y capacidades, todo por vía del estímulo tributario. Chile tiene precedentes en el caso de la producción forestal y producción de celulosa donde ocupa un lugar internacional importante. Lo hizo favoreciendo las plantaciones de pequeños y medianos predios con aportes del fisco para estimular su desarrollo. Los derechos de agua son otro ejemplo, su asignación significó garantías de seguridad para la producción energética y agrícola que en el último caso han tenido un éxito innegable, convirtiendo a Chile en un importante exportador agropecuario. Se objetará, no cabe duda, que parte de la crisis política y social que subyace a la presente transformación en curso se debe precisamente a estos dos ejemplos que acabo de citar, y es correcto, pero eso se debió más que a la utilidad de las medidas de estímulo a la intransigencia de hacer posteriores reformas graduales de adaptación que eran necesarias conforme los resultados económicos y sociales, los nuevos descubrimientos científicos y que la Constitución Política impedía realizar contra la mayoría.
Cuarto, es indudable que las ideas básicas esbozadas arriba abren un gap en el presupuesto del fisco en corto y mediano plazo, pero bien construidos los estímulos, identificadas las áreas de interés estratégicas y seleccionados los partners inversores, el fisco tiene aún una capacidad importante de endeudamiento que hallaría su justificación en la creación de una tan anhelada transición de producción principalmente primaria y secundaria a otra tecnológica y de conocimiento. De este modo, el fisco juega con las reglas de las finanzas mundiales (acto de realidad político-monetaria) y aunque la deuda crecería en el corto y mediano plazo, lo haría para compensar inversión estratégica y no simplemente gasto social destinado a consumo sin que la prospección económica cambie en absoluto. Hay que recordar también que los mayores avances en modernización de infraestructura de Chile se hicieron por la vía de las concesiones, y que ellas significaron ventajosas condiciones de operación que hoy, luego de dos o tres décadas aparecen incluso como abusivas, y sin embargo, ahí están las carreteras, puertos y aeropuertos que le cambiaron el rostro al país.
Esto nos lleva al quinto punto, el acto de realismo político. En política pública se hacen trade-offs, y uno básico consiste entre ofrecer o no condiciones ventajosas de inversión que crean capacidades de desarrollo versus ajustar el límite a la ganancia que, aunque siendo justas en términos sociales, no crean incentivos a la inversiones y entonces devienen en meros símbolos de «justicia social» que mantienen a la población en el límite de la precariedad y el bienestar. Por otro lado, el ejemplo de las concesiones puede mostrar que el impulso económico que se genera con inversión directa en crecimiento compensa con creces esas condiciones ventajosas que se le ofrecen a los inversores, y que las quejas y la disconformidad social comienzan a surgir justamente cuando el crecimiento cae junto con la inversión. Llevado esto al mundo PYME, no conocí nunca ninguna empresa que teniendo una buena oportunidad de negocio y crecimiento regateara por un par de puntos porcentuales en una tasa de cotización adicional por seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Son costos marginales que, es cierto, son importantes, pero para otra fase de desarrollo del negocio que parecen ser justamente las que surgen cuando hay más competencia y el crecimiento comienza a bajar.
Me resulta imposible profundizar más en estos temas, pero creo que la idea de «revolución» viene dada por la condición poco ortodoxa de intentar salir de un callejón sin salida: mejorar condiciones de vida de chilenos rebajando la carga tributaria para los entrantes, en vez de subirla para todos. No me imagino el milagro del Asia-Pacífico de otra forma que no fuera combinando fuertes incentivos para la instalación de capacidades productivas de las economías desarrolladas donde, la corrección por paridad de compra seguía siendo beneficiosa para los países receptores de inversión que, al cabo de veinte o treinta años, dieron un salto cuántico en sus capacidades que hoy son una base firma de su nuevo bienestar.
Hay en esta revolución también una oportunidad de liderar la región. El famoso matemático, premio Nobel de economía en 1994 John Nash estudiando las dinámicas sociales descubrió que donde hay competencia la persecución de objetivos puramente individuales suele conducir a la pérdida de una mayoría. Propuso entonces que para que todos fueran ganadores era necesario modificar ese patrón natural de comportamiento. Si Chile se decide por hacer una verdadera revolución tributaria que acompañe su aspirada transformación socioambiental, los demás países progresistas podrían seguir sus pasos y en el futuro convertir a la región en un importante polo de desarrollo, inversión y consumo que beneficia a todos, y de paso, nos ponga en la liga de los que compiten en primera división.
Todo esto es muy general y rudimentario, pero es hasta donde llegan mis capacidades. Expresar estos lineamientos es mi compromiso con Chile y si logro despertar una discusión me doy por pagado. Espero que otros, con más información y expertise puedan al menos considerar este otro borrador.
Cuando era niño y despuntaban los ochenta, mi padre o mejor dicho, mi padrastro se las había arreglado para instalarse con un taller en el sitio de mi abuela materna. Nací en los setenta en Concepción, en el centro, pero mi abuela había logrado comprar un sitio en las afueras y entonces nos llevó con ella a mi madre, mi hermano mayor y yo. Mi madre con dos hijos encima conoció a mi padrastro y se casó con él con quien tuvo una hija. Ese fue mi grupo familiar inmediato. Ni mi abuela, ni mi madre o padrastro tenían estudios secundarios completos, pero mi abuelo paterno tenía un matrimonio del que la mayoría de mis tías eran profesionales universitarias. Así, aunque ninguno de los nuestros tenía estudios superiores, yo sabía de la universidad y me interesé por ella.
Al contrario, mi hermano pronto se interesó en el trabajo del taller de nuestro padrastro y comenzó ayudando para más tarde, una vez que aprendió el oficio, trabajar los fines de semana (sábado y domingo) y así juntó dinero con lo cual se compró una moto. Durante muchos años el taller no cerró nunca, salvo navidad, año nuevo y seguramente fiestas patrias; los demás días, el taller se mantenía abierto. Yo también seguí los pasos de mi hermano y también aprendí lo esencial del oficio, lo que mediante reemplazos y ayudas también me permitió ganarme unos pesos.
Pero resulta que cuando cumplía los catorce años, debía matricularme en un liceo público, y yo no quería ir al mismo liceo que mi hermano mayor porque no tenía tan buena fama en educación. Elegí el liceo Nº 1 de Concepción; era el más antiguo de la ciudad y se decía que habían salido hasta un par de presidentes de él. Durante mis años de estudio en aquella institución de hombres hice buenos compañeros y algunos amigos. El ambiente en ese entonces era muy diverso y había allí una gran variedad de orígenes sociales y capital cultural. Pronto descubrí el lado oscuro de la fuerza y aunque nunca repetí un curso, no aprendí lo necesario ni obtuve la preparación adecuada para rendir un buen examen de ingreso a la universidad, que no había dejado de ser mi meta.
Con todo, ingresé a la universidad y aunque no a las carreras que me interesaban (pero de las que sabía muy poco), sin embargo pensé que si podía aprobar un año en una carrera técnica universitaria, seguramente tendría capacidad para estudiar algo más complejo e incluso el año de estudio universitario me serviría como preparación. Pero resultó que al cabo del año, cuando debía inscribirme para rendir el examen no lo hice y simplemente me aboqué a terminar lo que me quedaba de carrera.
A los veintidós años me independicé y me quedé trabajando entre Valdivia y Osorno hasta los veintiocho años. Fue una gran experiencia vital, y aunque en el trabajo obtuve mejoras salariales, como era especialista de cargo único, no tuve posibilidades de ascender y hacerme de alguna jefatura. Me di cuenta que las posibilidades para las carreras profesionales eran mejores; me había propuesto quedarme de tres a cinco años y ya iba para el sexto. Todo lo que tenía era un automóvil usado y el finiquito que me pagaran se lo llevaría el banco para cancelar mis deudas. Pero aún quería seguir estudiando y el tema medio ambiental comenzaba a ganar fuerza en la legislación (1994) y las empresas, con lo cual, a mediados del año noventa y ocho, renuncié a mi trabajo y volví a Concepción.
Ni antes ni después la ciudad penquista me ofreció oportunidades para crecer. La gente que conocía recién terminaban sus estudios así que a inicios del año dos mil encontré un trabajo en Santiago y me fui a la capital. Me matriculé en la UTEM y durante tres años saqué la carrera de ingeniería y ese año (2003) fue importante porque me invitaron a trabajar en un proyecto del Metro de Santiago. Yo no había dejado del todo mis hábitos bohemios, pero resultó que la exigencia de hacer un buen trabajo con un estándar exigente no era compatible con la vida licenciosa, con lo cual restringí el «living la vida loca» al día sábado.
Así transcurrió una década de trabajo ganando cuando más dos mil dólares al mes. Como mi esposa también trabajaba y solo tuvimos una hija, logramos comprar un departamento usado en el sector oriente y pagar un colegio particular juntando ambos ingresos; de vacaciones ni hablar. Poco a poco el trabajo empezó a escasear hacia fines de dos mil diez, aunque por otro lado no había dejado de leer y cursar una importante cantidad de materias que las empresas en que había trabajado ponían a disposición para los empleados. Pero el trabajo me resultaba cada vez más escaso. Parecía que mientras más sabía, más experiencia ganaba, menos oportunidades de trabajo conseguía.
Tomé una decisión contra la opinión de mi esposa (mujer sensata y pragmática), pensé que me faltaban credenciales porque al haber comenzado mi vida profesional con una carrera técnica; con el boom de las universidades privadas y una sostenida disminución del crecimiento económico, ¿qué credencial podía darme una carrera profesional de ingeniero? Pensé que sería buena idea estudiar un programa de magíster en la Universidad del Desarrollo, una academia que había ganado prestigio y que se suponía estaba vinculada con hombres de empresa. Lo cierto es que aunque di mi mejor esfuerzo, no conseguí mejorar mi empleabilidad y, tal como había dicho mi esposa, me gaste un montón de dinero que hubiera servido para otra cosa.
Entre dos mil diez y dos mil quince (fecha en que terminé el programa de magíster) apenas tuve trabajo una treintena de meses; con suerte la mitad del periodo. El certificado no había logrado darme ninguna credencial y, al contrario, parecía como si me hubiese vuelto un paria que ni pertenecía al mundo de la UDD ni era aceptable para el mercado laboral que se abre a las universidades públicas. Ni hablar del mercado laboral público, ni siquiera pensé que existiera hasta que mi conciencia política fue creciendo año tras año. Parecía tener toda lógica: cuanto más tiempo tienes de paro, más te das cuenta lo mal que están las cosas y como la revolución de la información nos alcanzó, nuestras opiniones críticas son vistas como auténticas amenazas por quienes ocupan posiciones de poder o disfrutan de privilegios.
Pensé entonces que todo lo que había leído de humanidades no me daba ninguna credencial porque no tenía ningún certificado que diera cuenta de esos estudios, por lo que decidí hacer un nuevo magíster en filosofía aplicada, ahora en otra casa de estudios, la Universidad de los Andes. Es una universidad nueva, pero muy bella y tiene un plantel de académicos bien destacados a nivel nacional. Obviamente mi esposa me dijo que si estaba loco, pero aunque siempre la escuchaba, tampoco le hice caso y cursé el programa entre dos mil quince y dos mil diecisiete.
En los siete años que transcurrieron entre dos mil y dos mil seis solo tuve trabajo dos años y medio, algo así como treinta meses. La hipoteca del departamento que habíamos comprado se volvió imposible de pagar; la venta del hogar actuó como disolvente familiar; mi esposa se convirtió en ex esposa; parte importante de la venta del departamento se ocupó en cancelar la deuda bancaria que se había ido acumulando en mis años de paro. Antes, la primera vez, cuando me inicié en el mundo del trabajo había quedado sin nada, sobretodo atribuible a mi estilo de vida liberal y desordenado, pero ahora, por segunda vez me quedaba sin nada, con el agravante que las credenciales resultaron una ilusión, y lo peor de todo, me terminé separando de quienes más quería.
Volví así a Concepción otra vez, ahora después de diecisiete años. Sin ilusiones en la provincia decidí probar suerte en Alemania, pero las credenciales chilenas tenían muy poco valor en el mercado de trabajo alemán; sirven principalmente para cursar estudios de posgrado allá, pero la cosa cambia cuando usted quiere ocupar una plaza de trabajo con credenciales foráneas. Me tuve que volver para no quedarme de ilegal. Desde entonces han transcurrido cinco años hasta hoy sin que haya encontrado una sola oferta de trabajo desde dos mil dieciocho.
He tenido que vencer muchas tentaciones, las peores son las más destructivas, esas que te conducen a un nihilismo violento que ilusiona con la esperanza de apagar el sin sentido de todo esfuerzo; de la mentada meritocracia de que tanto se escribe y alecciona ni hablar, parece irreal. Porque es bien difícil sostener principios liberales cuando el mundo en el que vives la única libertad auténtica que te ofrece es la del consumidor.
En la segunda guerra mundial, en la Francia ocupada se decía «¿vencer? ¿quién habla de vencer si todo es resistir?
Monsieur Clement – Ingeniero HSE, M. Gestión Susdev, M. Filosofía Aplicada, Chile 2022.
Stephen D. Krasner (International Organization, 1982) en Structural causes amd regime consequences: regimes as intervening variables, aborda las posibilidades del régimen desde tres paradigmas: realismo estructural, estructural modificado y grocianismo. Para los últimos (Hopkins, Puchala y Young) los regímenes son una parte fundamental de todos los patrones de interacción humana, y por tanto están presentes incluso allí donde se les niega: la primacía de la fuerza. ¿En qué sentido podría el régimen favorecer las negociaciones para el grocianismo?
En lo medular, la tradición del grocianismo afirma que siempre en el ámbito de la política internacional el régimen está presente, y que security y supervivencia no son los únicos objetivos; se rechaza que el sistema internacional esté compuesto por estados soberanos limitados sólo por el balance de poder. En su lugar (Hopkins y Puchala) sugieren que las élites son los actores prácticos en la relaciones internacionales “the ability of states to control movements across their borders and to maintain dominance over all aspect of the international system is limited. […] Elites act within a communications net, embodying rules, norms, and principles, which trascends national boundaries.”
En el extremo opuesto al grocianismo se ubica el realismo estructural. Huelga decir que para Krasner este era (y posiblemente sigue siendo) la postura modal principal de los académicos de las relaciones internacionales. Por lo mismo, sólo rescataré como argumentos esenciales el hecho de que para esta perspectiva (Susan Strange), el régimen solo sirve para obscurecer las relaciones de poder e interés como causas próximas de toda conducta en el sistema internacional. La conceptualización del mundo desde la perspectiva del realismo estructural se basa en actores racionales buscando su propio interés: individuos, firmas, grupos, clases o Estados. Todos funcionan en un ambiente definido por sus propios intereses, poder e interacción. Es pertinente señalar que el mercado suele ser usado como perfecta metáfora de un sistema donde los agentes racionales actúan por propio interés. En la teoría de relaciones internacionales de Kenneth Waltz, lo que caracteriza el sistema internacional son los Estados, funcionalmente similares e interactuando en un medio anárquico “seek their own preservation and, at a máximum, drive for universal domination”. El sistema internacional solo se distingue por la diferente distribución de capacidades relativas entre los actores.
Dejo para el final la perspectiva estructural modificada que encuentra una justificación que merece ser atendida: si un régimen internacional del cambio climático tiene o no efectos importantes sobre los resultados y la conducta de los actores que participan del sistema. Los teóricos de esta perspectiva, Keohane y Stein, aceptan en principio los presupuestos del realismo estructural, en un mundo de estados soberanos, la función básica de un régimen es coordinar los Estados para alcanzar el resultado deseado en un área específica. Stein y Keohane enfatizan el hecho de que en determinadas circunstancias “regimes can have an impact when Pareto-optimal outcomes could not be achieved through uncoordinated individual calculations of self-interest. The prisoner’s dilema is the classic game-theoretic example.”
Finalmente, Krasner observa que los regímenes pueden verse fortalecidos o debilitados según los principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones se vuelven más o menos coherentes; si las practicas actuales son crecientemente consistentes o no con los principios y normas del régimen. Igualmente importante es la distinción de cambio dentro de un régimen (que involucra cambio de reglas y procedimientos, pero no de normas y principios); y cambio de régimen que implica cambio de normas y principios.
Recientemente, el destacado académico de relaciones internacionales Moisés Naín[1] se preguntaba ¿por qué el consenso acerca de la necesidad de actuar urgentemente para mantener la vida humana en el planeta no ha producido los cambios necesarios? Para él, la respuesta es falta de voluntad política debido a la impopularidad de las medidas: aumento del coste de energía y otros productos; la reducción estricta del consumo de hidrocarburos mientas otros países lo aumentan ¿qué naciones van a financiar las gigantescas inversiones para mitigar y adaptarse?
Para Naím la salida pasa por una masiva producción global de bienes públicos o bienes que puedan ser consumidos por cualquier persona o entidad, aunque no haya contribuido a crearlos “pero nadie invierte en la producción de un bien que cualquiera puede usar sin pago alguno. Es por esto que la provisión de bienes públicos recae fundamentalmente en el estado: tiene capacidad de financiar BB.PP. a través de los impuestos que cobra”.
La perspectiva de Naím presenta varias dificultades que esbozaré brevemente. En primer lugar, la causa del calentamiento global, esto es, del aumento de temperatura de la superficie terrestre en más de 1.5º ó 2º C son las emisiones de gases de efecto invernado (GEI) provenientes principalmente de la actividad económica productiva y transporte, que no son resorte directo de la actividad del Estado. El Estado efectivamente puede modificar las condiciones de producción en direcciones de sostenibilidad muy débil a sostenibilidad muy fuerte (Pierce), pero cualquier medida que tome puede también tener un impacto en sus ingresos (PIB) y por tanto afectará sus capacidades de política interna e internacional.
La sugerencia es contra intuitiva porque los estudios de Elinor Ostrom (1990) en el gobierno de los comunes, sobre la escasez, agotamiento o daño producido a los ecosistemas hídricos, bosques, praderas o pesquerías, muestran que aunque el problema básico es la sobreexplotación de recursos, “no hay acuerdo entre los interesados en el problema sobre cómo resolverlo”. Y en cuanto a las vías de solución exploradas hasta la fecha, la regulación centralizada, la privatización y la regulación en manos de los interesados (COP) muestran igualmente experiencias de éxito y fracaso.
Según Ostrom, prevalecen entre los tomadores de decisiones o stakeholders al menos tres modelos que de alguna manera prefiguran los intentos de solución: la tragedia de los comunes, el juego del dilema del prisionero yla lógica de la acción colectiva. En el primer caso, el impulso toma el camino del Leviatán que pone límites a las partes y fija las reglas o produce los bienes públicos como plantea Naím; en el segundo modelo, el supuesto de base es la toma de decisión en aislamiento y con información restringida o mínima. Cooperar o velar por propio interés en condiciones de restricción; en la última surge la cuestión levantada por Olson y relevada por Ostrom de si “individuos con intereses comunes actuarían de manera voluntaria para intentar promover dichos intereses” o si más bien adoptarán la conducta del gorrón o free rider que busca capturar los beneficios del acuerdo sin poner nada en la parrilla.
Especial cuidado requiere la prescripción política del Leviatán como vía única “Por lo regular se presta poca atención al costo de crear y mantener una entidad de este tipo (entidad gubernamental externa), ya que éste es visto como exógeno al problema y no se incluye como un parámetro del juego […] Sin embargo, el equilibrio óptimo logrado al seguir el consejo de centralizar el control se basa en supuestos concernientes a la exactitud de la información, las capacidades de verificación, la credibilidad de las sanciones y costos nulos de administración.”
Pero hay algo más. La producción de bienes (locales o globales) supone siempre un sistema abierto de balance de masa y energía en el que entran unos insumos o materias primas, se produce un proceso de transformación, y finalmente tenemos el producto o bien, con residuos que a veces pueden ser reciclados o parcialmente abatidos. Ahora bien, simultáneamente la producción implica siempre un proceso de entropía que sigue las leyes de la termodinámica: a mayor grado de elaboración, tanto más fuerte es el proceso de entropía que le sigue. Esta es la dinámica de la producción industrial, pero ¿cómo se da la producción de bienes públicos?
Parece razonable distinguir entre bienes públicos artificiales y naturales. Iluminar las calles de la ciudad o instalar un faro en la costa pueden considerarse del primer grupo y su producción sigue la dinámica esbozada en el párrafo anterior, pero en el caso de los bienes públicos naturales el proceso sigue la dirección contraria. Es decir, se trata de restar del stock natural un determinado insumo que igualmente puede ser considerado un bien en sí mismo, como es el caso de los bosques, pozos acuíferos, praderas o paisajes. A su vez, no hay proceso de transformación hacia delante o proceso transformador en absoluto, a no ser que este sea natural. Y por último, la entropía que se produce de forma natural tiene capacidad de sustentarse a sí misma, con lo cual hablar de “producción de bienes públicos” mediante la reducción de emisiones de CO2 se hace confusa sino problemática. Dicho de otra manera, si la producción de bienes y servicios artificiales implica siempre un balance de masa y energía, la producción de bienes públicos naturales supone lo contrario. Se trata de mantener los stock naturales fuera de todo proceso transformador artificial que es justamente el que genera las emisiones. Dejar de talar bosques en el sudeste asiático o en el amazonas significa mantener una cierta capacidad de captura de CO2 que los bosques hacen de manera natural. Esta “producción de bienes públicos” que el Estado puede emprender por la vía de la regulación o impuestos va en directo detrimento de los productores de aceite de palma, de los agricultores que desean ampliar las tierras de cultivo y de los productores de madera; la reducción de gases metano de la atmósfera pasa por la reducción del stock vivo que pastorea en los cinco continentes. Y otra vez, producir el bien público global “una atmósfera con menor concentración de gas metano” pasa por la reducción del stock vivo disponible que, en su impacto inmediato cambia el modo económico de los agentes dentro de cada nación, pero aguas abajo también cambia la disposición de dichos bienes en la mesa de los ciudadanos. Este es el principal obstáculo que los negociadores intentan resolver, y se radica principalmente en el ámbito de la política internacional más que en el ámbito de la acción colectiva, aunque indudablemente sin ella no sea posible tener éxito.
Volvamos entonces al régimen climático internacional (equitativo y eficiente), como variable interviniente de las relaciones internaciones y como posibilidad de acelerar el cumplimiento de los hitos definidos en las respectivas COPs. (Continúa Parte III)
El Instituto Mundial de Recursos (WRI) ha señalado en el pasado mes de noviembre 2021, que los objetivos nacionales cero neto están estancados luego de realizarse la Cumbre Climática COP26 (Schumer, 2021/11), a pesar de los llamados del Secretario General de la ONU para noviembre último en Glasgow. El llamado era claro: establecer objetivos cero neto “claros y creíbles” para todos los países. En Latinoamérica la adhesión a los objetivos de cero-neto ha sido consistente desde 2019 Costa Rica, 2020 Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Panamá, Uruguay, y en 2021 Colombia. Pero esta adhesión entusiasta de la región y los países del mundo no ha estado exenta de críticas, ya que por un lado los científicos advierten que los objetivos cero-neto transmiten una confianza perniciosa en la salvación tecnológica, mientras que grupos activistas acusan que los objetivos puestos en el marco de 2050 desincentivan la urgencia de actuar hoy.
¿En qué se basa el World Resources Institute para afirmar que los objetivos de la COP26 están estancados? Para el instituto, el hecho que la mayoría de los países hayan puestos sus objetivos al 2050 es desalentador, considerando que el IPCC 2018 reportó la urgencia de mantener en 1.5º C el aumento máximo de temperatura global. Sin embargo, países como Singapur, Tailandia, Malasia y Namibia han puestos sus metas más allá de mitad de siglo; China, Rusia y Arabia Saudita en 2060; también están México, Indonesia y Sudáfrica que aún no han definido sus objetivos. De los 81 países signatarios, apenas el 3% definió sus objetivos para las emisiones internacionales de embarques marítimos y aéreos. Sólo un 42% de los países consideran todos los gases GEI y apenas un 7% considera las reducción de emisiones como un objetivo. Por último, solo un 38% de los países han comunicado sus National Determinated Contribution (NDC), que es la forma en que los compromisos o promesas de acción climática se transforman en políticas públicas de los estados firmantes.
En palabras de Fernando Tudela[1], cuando se consideran las dificultades a la vista él no tiene dudas en resumir de qué se trata:
Así, los graves conflictos de interés, la multiplicidad de los sectores económicos afectados, la interacción entre consideraciones científicas, sociales, culturales, económicas y políticas, la gran escala temporal y espacial del fenómeno del cambio climático, que desborda los parámetros convencionales de la política internacional y nacional, determinan la extraordinaria complejidad de las negociaciones, posiblemente las más complicadas en la historia de los procesos multilaterales.
Riesgo Climático Global – Informe mundial sobre desastres 2020
Según el reporte 2020 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC en inglés), en los últimos diez años el 83% de los desastres por amenazas se debieron a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos como inundaciones, tormentas y olas de calor. Los eventos estarían ocurriendo desde 1960, pero desde los años 90’s registran un aumento del 35% y la variable fenómeno meteorológico del clima pasó de un 76% en 2000 a un 83% en el decenio 2010. Las estimaciones son que cerca de 410.000 personas han muerto como consecuencia de estos eventos meteorológicos en los últimos diez años, la gran mayoría en países de ingresos bajos y medios bajos.
En cuanto a las estimaciones económicas para cumplir los requisitos de adaptación al cambio climático y aumentar la seguridad y capacidad de resiliencia de las comunidades durante la presente década, estas alcanzan los US$ 50 billones anuales, según estimaciones de cincuenta países en desarrollo. Es decir, hablamos de financiar US$ 500 billones sólo para el presente decenio. Pero aunque el IFRC considera que dichas cifras no son tan distintas respecto de las intervenciones que los países del mundo han hecho para controlar los efectos del Covid-19 sobre sus economías, lo cierto que estos recursos son una inversión directa a sus propias economías en primer lugar, inclusive si hablamos de la Unión Europea que aprobó un plan de rescate económico por Euro 750 billones en julio de 2020, o el estímulo económico de US$ 2,2 billones aprobado por Estados Unidos en marzo de 2020.
Entre los países más afectados por desastres climáticos se encuentran Somalia, Afganistán, Congo, Etiopía, Kenia, Paraguay y Sudáfrica y los tipos de desastres más importantes incluyen sequía, epidemia, inundación repentina, inundación, ola de calor, deslizamientos de tierra, tormentas locales severas y ciclones tropicales. Entonces, sucede que los países más expuestos a desastres climáticos no son aquellos que más fondos para adaptación a cambio climático y reducción de riesgo de desastre (RRD) están siendo priorizados, lo que en otras palabras significa que aquellos que están expuestos a un riesgo mayor tienen menos capacidades para adaptarse, para volverse resilientes. A la inversa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente comunicó que el producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos y China representan el 42% del PIB mundial. Alemania 4.5%, Japón 5,3%, UK 3.2%, Francia 3,1%, India 3,1% en tanto que en Latinoamérica lideran Brasil 1,7%, México 1,36% y bastante más abajo Chile con 0,34%. En 2021, el PIB mundial alcanzó los US$ 95 trillones.
Ahora bien, no deja de sorprender el hecho de que tanto Chile como Brasil hayan establecido los objetivos cero neto emisiones el mismo año 2020, no por el expediente del simple compromiso, sino a través de leyes o política pública, y sin embargo Brasil ha debido enfrentar una verdadera campaña en su contra especialmente orquestada desde Europa y sectores progresistas de América Latina que resienten el encarcelamiento de Lula Da Silva y la elección del presidente Bolsonaro. Ni México ni Paraguay figuran entre los países hispanohablantes con objetivos establecidos; Sudáfrica está en la misma situación pese a que tanto Paraguay como Sudáfrica son de los países más expuestos a riesgos de desastres climáticos.
En materia energética, la zona Euro presenta importantes desigualdades. Países como Bulgaria (27,5%), Lituania (23,1%), Portugal (17,5%), España (10,9%) sufren de pobreza energética entre su población comparado con países como Bélgica (4,1%), Francia (6,5%), Dinamarca (3%), Polonia (3,2%) o Suecia (2,7%). La Eurostat (2021) estima que entre 50 y 120 millones de habitantes sufren tanto los crudos inviernos así como las cada vez más frecuentes olas de calor. Los problemas de fondo son un alza en el precio de la electricidad que ha alcanzado niveles record el último tiempo, altas tasas de pobreza y hogares con mal aislamiento y poco eficientes. En Alemania, el porcentaje de población que no puede calentar sus hogares en manera adecuada pasó de 2,5% al 9%. En España del 7,5% al 10,9% entre 2019 y 2020. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que cien mil personas mueren al año en Europa por malas condiciones de aislamiento y eficiencia del parque inmobiliario.
Recientemente, el destacado académico de relaciones internacionales Moisés Naín[2] se preguntaba ¿por qué el consenso acerca de la necesidad de actuar urgentemente para mantener la vida humana en el planeta no ha producido los cambios necesarios? Para él, la respuesta es falta de voluntad política debido a la impopularidad de las medidas: aumento del coste de energía y otros productos; la reducción estricta del consumo de hidrocarburos mientas otros países lo aumentan ¿qué naciones van a financiar las gigantescas inversiones para mitigar y adaptarse?
[1] Revista Foreign Affairs Cambio climático, problema de todos, Nº 15, volumen 4, 2015.
Si el fin del siglo XX se entendió como el triunfo del liberalismo sobre los socialismos reales, el auge de nuevos autoritarismos en diversas regiones del mundo ha llevado a que muchos investigadores de las relaciones internacionales se pregunten si acaso el liberalismo ha entrado en una fase de repliegue o retroceso frente a un (neo)realismo como teoría política de las relaciones internacionales. En este sentido, la seguidilla de hechos violentos que vienen afectando a las democracias de América Latina en lo que va corrido del siglo XXI hace surgir la cuestión de si el liberalismo echó raíces profundas alguna vez en nuestro subcontinente o si más bien se trata de una teoría política exógena, que carece de arraigo cultural, más allá de reducidos grupos sociales o contingencias político-económicas. Este ensayo intentará responder esta inquietud revisando las principales características del liberalismo, explorando los principales hitos de la colonia y la tradición intelectual ibérica que precedió a la emancipación de principios del siglo XIX.
Conviene, al propósito de esta investigación, primeramente revisar los rasgos más destacados del liberalismo en sentido amplio. En The Neoliberal Challenge – What is Neoliberalism?, (Thorsen, 2009)[1] realiza una breve, pero ilustradora revisión del liberalismo que nos ayudará a identificar algunos de sus principales rasgos y variantes. Pero la primera dificultad que hay que sortear tiene que ver con la posibilidad de colocar bajo una misma teoría política a pensadores tan disímiles como John Locke, Adam Smith, Montesquieu, Stuart Mill o John Dewey y John Rawls (Ryan, 1993).
Para hacer frente a esta dificultad, una primera aproximación es distinguir entre liberalismo clásico (Locke, Smith, Montesquieu), que se inclina por un estado mínimo y laissez-faire, y un liberalismo moderno (Stuart Mill, Dewey, Beveridge y Rawls), donde el estado se convierte en participante activo de la economía (Thorsen, 2009). El liberalismo moderno incurre así en una suerte de revisionismo, especialmente en forma de liberalismo económico. En este sentido, el liberalismo igualitario bien puede considerarse como parte de la corriente liberal moderna que podría ubicarse a la izquierda del liberalismo clásico. Por el contrario, a la derecha del liberalismo clásico se ubicarían el libertarismo, que Thorsen considera como una versión radicalizada de liberalismo clásico (Robert Nozick y Murray Rothbard), y el neoliberalismo, entendido como un liberalismo económico (Milton Friedman, Von Mises, Hayek) que viene a reemplazar la teoría económica del liberalismo central (liberalismo moderno) de J. M. Keynes y W. Beveridge (Thorsen, 2009).
En cuanto a los rasgos comunes que los distintos liberalismos comparten, John Gray (1995), en Liberalismo, destaca los siguientes: individualismo, entendido como la primacía moral de la persona frente a cualquier forma de colectivo social; igualitarismo, especialmente referido al valor moral de cada ser humano y el rechazo de cualquier estatus legal o políticos de unos sobre otros; universalismo, entendido como la unidad moral de la especie humana que deja en segundo lugar las formas culturales históricas específicas; y meliorismo, concepción que afirma la perfectibilidad de todas las instituciones políticas y sociales. “It is this conception of man and society which gives liberalism a definite identity which trascends its vast internal variety and complexity” (Gray, 1995).
Ryan (1993) por su parte, identifica tres antipatías como principios nucleares del liberalismo: absolutismo político; teocracia y capitalismo irrestricto. Por otro lado, el liberalismo incluiría tres prescripciones:
el liberalismo es un conjunto de teorías políticas que primero enfatizan que todo individuo debe ser libre para elegir diferentes opciones de vida; la sociedad liberal debe estar sujeta al estado de derecho y al gobierno democrático; el poder del estado debe ser ejercido dentro de un sistema de separación de poderes, dentro de límites constitucionales.
A partir de estos rasgos nucleares del liberalismo(s), es posible explorar si en la tradición de la teoría política iberoamericana se hallan presente, total o parcialmente, o si no lo están.
Tradición iberoamericana
Samuel Huntington (1991), en La Tercera Ola – La democracia a fines del siglo XX- hace ver que si bien la primera ola de democratización tiene su origen en las revoluciones norteamericana y francesa, las instituciones propiamente democráticas no hacen su aparición sino hasta la primera mitad del siglo XIX. Necesitamos, por tanto, ir más atrás y explorar las corrientes de pensamiento político predominantes en las metrópolis y estamentos administrativos de América Latina que Huntington señala como la época en que se consolidan las instituciones democráticas[2].
Adoptamos el criterio del historiador Jaime Eyzaguirre (1967), en Historia De Las Instituciones Políticas y Sociales De Chile, y dividiremos la época colonial (principalmente española) entre los periodos de la Casa de Austria (1541-1700) y Casa de Borbón (1700-1810)[3]. Según Eyzaguirre, en la tradición española, el régimen político y administrativo de la Casa de Austria consideraba que el Estado estaba constituido por dos elementos: “la corona o rey, y la comunidad, república o pueblo” (Eyzaguirre, 1967; 23). En aquel periodo, la teoría del poder predominante en la metrópoli corresponde al pensamiento escolástico, que tiene entre sus principales exponentes a Francisco Suárez, Juan de Mariana y Luis de Molina (Eyzaguirre, 1967).
El influyente teólogo jesuita Francisco Suárez (1548-1617) afirma en Defensio fidei (1613):
Primeramente el supremo poder político […] fue conferido por Dios a los hombres unidos en la ciudad [vitatem] o comunidad política perfecta […] por natural consecuencia y en fuerza de su creación [de los hombres]. Por eso, en virtud de esa manera de donación, no reside este poder [político] en una [sola] persona ni en un grupo determinado de muchas personas, sino en la totalidad perfecta del pueblo o cuerpo de la comunidad[4] (Font Oporto, 2018).
Entre los efectos que la concepción suareciana (comunidad política) tendrá en la corona, está la emisión de una orden en 1703, que dispone la fundación de ciudades en los territorios de Chile que busca agrupar en ciudades la población dispersa. Entre 1733-1745 se fundan las ciudades de San Felipe, Los Ángeles, Talca, Rancagua y Curicó, entre otras (Eyzaguirre, 1967).
En Suárez, siguiendo la tradición escolástica, los fundamentos antropológicos de la comunidad política se hallan en la naturaleza social del hombre, “la teoría del poder político de Suárez, corriente iusnaturalista predominante ibérica, echa raíces en el carácter natural de dicho poder y parte del concepto de persona como ser social por naturaleza” (Font Oporto, 2018) que manifiestamente se opone a la concepción de Locke para quien la ley de naturaleza hace que “estén todos iguales e independientes” (Locke, 1679). Junto con eso, el bien común [de la comunidad política][5] se constituye en el fin del poder político “en consecuencia, todo aquello que atañe a la felicidad privada, pero sin que redunde en bien de la comunidad [no hay mano invisible], nada tiene que ver con el poder o la ley civil” (Font Oporto, 2018).
En De rege de Juan de Mariana (1599) se trata la cuestión del tiranicidio. Merle (2014), apunta que ya en el capítulo V del primer libro del De rege, Mariana formula su famosa pregunta “si es lícito matar al tirano[6]”. Según Merle, Mariana en un principio se inclina porque el tirano en ejercicio sólo sea destronado, aunque en última instancia se justifica “matar al príncipe como enemigo público, con la autoridad del derecho de defensa”.En Chile, en la ciudad de Concepción durante 1655, el gobernador Acuña y Cabrera fue tempranamente depuesto de su cargo en cabildo abierto, de modo que el derecho propugnado por Juan de Mariana a deponer un mal gobierno o gobierno tiránico tuvo eco en las Indias americanas.
Con el absolutismo del rey de Francia Luis XIV (1643-1715) y el advenimiento de la Casa de Borbón, se produce un cambio en la política de la metrópoli que luego impactará a Latinoamérica. Una de las primeras consecuencias fue la oposición decida contra la circulación de los textos jesuitas que en Paris fueron quemados. La prolífica acción misionera que incluía Moxos, Chiquitas y Maynas encuentra su primer gran revés con el Tratado de Madrid –Portugal en 1750, mediante el cual España cede el territorio ubicado al lado oriente del río Uruguay, que significó el reasentamiento de 30.000 habitantes guaraníes[7]. En 1757, el Rey de Portugal decreta la expulsión de los jesuitas de Brasil, y en 1767, las misiones de la Compañía de Jesús son expulsadas de América.
“El robustecimiento de la autoridad del rey choca con las antiguas doctrinas de los escolásticos que la limitaba. De ahí el interés de la corona por extirparlas” (Eyzaguirre, 1967, 43). Pierden las Indias no sólo sacerdotes, sino mentes cultivadas, maestros de primaria y artesanos finos de todo tipo. La posterior invasión napoleónica de España y la captura del rey Fernando VII (que constituía la vinculación jurídica de las colonias con la corona) no hicieron más que precipitar el proceso de emancipación a inicios del siglo XIX.
El estado estamental
Un hecho determinante para las relaciones internacionales de principios de la modernidad lo constituye el desarrollo de una práctica interna del Estado en la forma de organización eclesiástica, la estratificación en clases y fuerzas sociales al interior del Estado (Müller-Armack, 1959). Para Müller-Armack “Los países que permanecen fieles a la antigua Iglesia universal necesariamente también son determinados en forma estamental en lo sucesivo. El monopolio de la educación por el clero impide que el Estado alcance la preponderancia ideológica” y la existencia de un poder estamental eclesiástico supraestatal favorece la repartición intraestatal del poder. A consecuencia de esto y de la política social, queda escaso margen para el desarrollo de una práctica absolutista del Estado. Como resultado “al Estado le faltan también objetivos propios en la dirección absolutista […] En la época de su apogeo político, España, como Austria, aún era un Estado regido en forma estamental y regional” (Müller-Armack, 1959).
En Alemania, mediante la Reforma, se suprimen la organización así como la idea eclesiástica supraestatal. En su lugar, el Estado echa mano a su propia clase intelectual y con ello cambia fundamentalmente: “la Iglesia nacional orienta pues, directa o indirectamente, todas las fuerzas hacia el Estado” (Müller-Armack, 1959). En Inglaterra y Holanda se crean sociedades privadas; si se presentan épocas de penuria, en lugar de acudir al Estado paternalista, como era costumbre luterana, “la sociedad o la cooperativa son la salida más conveniente, pero nunca –o sólo en último lugar- la empresa oficial”.
Así las cosas, en la práctica de gobierno en Inglaterra y Holanda se da una configuración de fuerzas internas esencialmente diferente. Si en Prusia la población luterana se une al Estado absoluto, en las primeras se cubre el espacio estatal con clases sociales económicamente independientes que rechazan tales disposiciones:
En Inglaterra el sistema de presupuesto se desarrolló partiendo del derecho a votar fondos que tenía el parlamento frente a la corona. El moderno cálculo del presupuesto, que en Prusia era un medio para reunir en el Estado las fuerzas de la economía nacional, en Inglaterra se desarrolla como un medio para controlar al gobierno mismo: debía servir para la limitación del poder absoluto del gobierno.
En definitiva, con el desarrollo subsecuente de formas directas de impuestos (sobre la herencia en 1692, que se consolida en 1798), Inglaterra se convierte en el iniciador de los nuevos métodos impositivos a causa de la escasez de rentas públicas. Esta transición hacia el impuesto sobre la renta importa el hecho de que la eficacia de la economía “no consiste, como en la época de los estamentos, en la propiedad y […] un impuesto territorial […] sino en el poder de crear ingresos, poder que proviene de la producción, el comercio y del interés del capital” (Müller-Armack, 1959).
El pueblo
“Del mismo modo que, antes de levantar un gran edificio, el arquitecto observa y sondea el terreno para comprobar si puede soportar su peso, el legislador sabio no empieza por redactar leyes buenas en sí mismas, sino que antes examina si el pueblo al que las destina es apto para recibirlas. Por eso se negó Platón a dar leyes a los arcadios y a los cireneos, al saber que estos dos eran ricos y no podían soportar la igualdad (Rousseau[8], 1762).
Mientras en América Latina se fundaban ciudades para unir a sus habitantes y aprovechar las ventajas administrativas de la comunidad política, al mismo tiempo se cerraban las escuelas de los jesuitas y se prohibían las obras de la ilustración. En Génova se publica El Espíritu de las Leyes, de Montesquieu (1748), que en el libro XI trata de las leyes que dan origen a la libertad política en su relación con la constitución, y se pregunta ¿Qué es la libertad? (1748;142):
Es cierto que en las democracias parece que el pueblo hace lo que quiere; pero la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes […] Hay que tomar consciencia de lo que es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten.
En su famosa obra La Riqueza de las Naciones, Adam Smith (1776) destaca no sólo la ventaja que en conocimientos de agricultura y otros oficios especiales poseen los europeos frente a cualesquiera sean los nativos de las nuevas colonias; no agota la ventaja en lo técnico sino que además enfatiza “También llevan el hábito de la subordinación, una idea de gobierno estable como la que existe en su país de origen, del sistema de leyes que lo sostiene y de una administración regular de justica” (Smith, 1776; p. 577), en otras palabras, Adam Smith nos dice que los colonos europeos llevan consigo las bases para establecer nuevas repúblicas.
“Las dos grandes causas de la prosperidad de toda nueva colonia son la abundancia de buena tierra y la libertad para administrar sus asuntos a su manera”. A continuación, Smith reconoce que aunque la calidad de la tierra de Norteamérica es buena, la de España y Portugal son mejores, inclusive las de Francia. Sin embargo, cuando se trata de instituciones, Smith pone en primer lugar las inglesas, lo que al cabo viene a redundar en que finalmente tienen mejores rendimientos por lo dispuestas que están a la mejora y al cultivo (Smith; p. 578).
El liberalismo de Smith se muestra verdaderamente comprometido con el mercado justo; en ningún caso es partidario de los contratos monopólicos o exclusivos, nobiliarios o estatales:
Algunas naciones han entregado todo su comercio colonial a una sola compañía exclusiva, a la que los colonos eran obligados a comprar todos los bienes europeos que necesitaran y a vender toda su producción excedente. El interés de la compañía, en consecuencia, era no solo vender los primeros al precio más alto y comprar la segunda al precio más bajo posible, sino comprar la segunda, incluso a ese precio mínimo, solo en la cantidad que pudiesen vender en Europa al máximo precio […] De cuantos expedientes puedan concebirse para bloquear el desarrollo natural de una nueva colonia, el más eficaz indudablemente es la compañía exclusiva. (Smith; p. 580).
Lo anterior no contrasta con la empresa monopolista, de base nobiliaria, que resulta ser el método económico necesario del orden estamental. En este sentido, el Estado estamental no cuenta con un aparato económico ni ideológico sólido que posibilite el cumplimiento de sus tareas (Müller-Armack, 1959). La ausencia de una burguesía libre, como en Holanda e Inglaterra, que debido al derecho nobiliario inglés participa de la misma educación (no así de los títulos y privilegios), marca también la ausencia de un espíritu de empresa en la colonización.
Conclusión
A través de esta breve sinopsis sobre liberalismo y tradición política latinoamericana se observa que sus rasgos nucleares como el individualismo se oponen a la comunidad política; el igualitarismo liberal choca con la comunidad y el Estado estamental; la ausencia de capitalismo va más allá del capitalismo irrestricto; la libre empresa choca con la empresa monopólica o exclusiva. En resumen, mientras la teoría política liberal hunde sus raíces en el derecho natural, la teoría política iberoamericana continua la escuela escolástica del Estado social.
El liberalismo extremado de fines de siglo XX representó más libertad y bienestar para América Latina: más democracia y bienestar económico. Los países deben esforzarse por corregir aquellos rasgos extremados, pero eso no se logrará resucitando literatura utópica, que parece ser el rasgo más distintivo de la tradición política de América Latina.
[1] Todos los textos publicados en inglés fueron objeto de traducción libre del autor.
[2] Para los efectos del presente ensayo, se establece una equivalencia entre liberalismo y democracia, aunque se entiende por la misma bibliografía referenciada que no son lo mismo.
[3] El año de 1810 corresponde al caso chileno, pero servirá ante todo para cerrar el periodo de la colonia.
[4]Defensio fidei, III, II, 5; cfr. También De legibus, III, II, 4; De legibus, III, III, 5.
[5] Los paréntesis en esta cita son del autor de este ensayo.
[6] Merle cita la traducción de Luis Sánchez Agesta, 1981.
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